Dom. Ene 23rd, 2022

TERRITORIO, DESPOJO Y DESARROLLOS

La denuncia por actos indebidos del Instituto Catastral y Registral de San Luis Potosí tiene un claro sustento. Por supuesto la aún directora del organismo no se manda sola. Alguien está detrás de ella.

En los últimos años hemos encontrado un modelo de apropiación en territorios que tienen un status de congregación, es decir, una forma de tenencia de la tierra colectiva, que a su vez, establece formas de propiedad a través de usos y costumbres y/o documentos con diversos registros en instancias municipales.


En casos como Mexquitic de Carmona, en comunidades como Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz, Suspiro Picacho y Paso Blanco, por mencionar algunas, hemos visto y encontrado acciones concertadas desde el poder político y económico para establecer la apropiación de territorios.

Destacan los casos de las empresas HABI y CALETTO, así como el grupo corporativo Mexicanos al Cien.

La forma es aparentemente sencilla pero a la vez escalofriante. Obtienen constancias municipales de áreas con o sin empadronamiento y luego localizan personas que se asuman dueños o herederos. Pactan formas de compra-venta con el aval de jueces auxiliares.

Posteriormente promueven ante un juzgado una orden de inscripción ante el Instituto Catastral y Registral en el Estado.
Esta cuestión ha generado confrontaciones y choques entre los núcleos de población y el Gobierno Estatal y Municipal.

Por éste motivo tuvimos la iniciativa de evaluar el funcionamiento del Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí, encontrándonos que el mismo había tenido un proceso de Modernización. Entonces nos avocamos a ver cómo se había implementado éste programa y establecer con claridad si ésta información pudiera estar siendo manipulada.

Otro proceso grave e irregular es el que se vive en municipios como Villa de Reyes y en los ejidos donde se han implementado compras de terrenos, simuladas para establecer la ubicación de parques logísticos como ha sido BMW, BACHOCO, GENERAL MOTORS en un total de 150 proyectos.

Ejidos como Laguna de San Vicente, Jesús María, El Pardo y/o Rodrigo son coptados bajo un mecanismo fraudulento e infame.
Los ejidos son infiltrados, se toma el control de los órganos de representación, se generan asambleas para asignar derechos a personas vinculadas a empresas. En esas asambleas se asigna y se genera dominio pleno.

Los ejidatarios reciben cantidades, como fue el caso de Rodrigo, de $13.00 el m2 respecto a 653 hectáreas. Los ejidatarios creen que vendieron, situación falsa pues además se soslaya el derecho de tanto y/o preferencia. El dinero se paga como le convenga al fraccionador, los parques logísticos se instalan y las inmobiliarias, como sucede en el caso de Ciudad Maderas, venden en maqueta pagando con este resultado lo que faltaba.

Fusiones de predios, autorizaciones, inscripciones, también fueron un argumento para investigar el resultado de ese programa de modernización.

fuente:deslinde

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